A la atención de D. José Manuel Prieto Part
Alcalde de Gandia y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia
Asunto: Declaraciones públicas sobre el Real Club Náutico de Gandia y la nueva Marina
Estimado señor alcalde:
El Real Club Náutico de Gandia ha evitado voluntariamente entrar en confrontación cada vez que usted se ha referido públicamente al Club Náutico o al “futuro espacio náutico”. Hemos actuado con la prudencia institucional propia de una asociación deportiva sin adscripción política, cuya posición no responde a siglas ni a intereses partidistas, aun cuando algunas de sus afirmaciones no fueran ajustadas a la realidad, resultaran incompletas o merecieran una explicación. Sin embargo, nuestra prudencia no puede interpretarse como conformidad ni como renuncia a defender la verdad, a nuestros socios y al deporte náutico en Gandia.
Lo que nos obliga ahora a abandonar esa reserva es la novedad introducida en sus declaraciones en el programa EL TERTULIÓN del 14 de septiembre. Por primera vez, incorporó a su discurso el derribo del edificio, lo calificó como “el gran error” y dio a entender que había sido una decisión libremente adoptada por el Club. Atribuir públicamente al Real Club Náutico la responsabilidad de aquel derribo cruza un límite que no podemos aceptar en silencio.
Pero, antes de entrar en el fondo del asunto, le formulo la misma pregunta que he planteado a cuantos, en persona, han reprochado el derribo, sin que hasta ahora ninguno haya sabido responderla: ¿qué relación existe entre la demolición del edificio y la continuidad de la actividad náutica y deportiva en Gandia?
En esa misma entrevista afirmó que las críticas le estimulan “para hacer las cosas mejor”. Tomo sus palabras en serio. Por eso le traslado públicamente esta discrepancia, fundada en hechos, documentos y resoluciones. No busco una controversia institucional ni personal, sino las explicaciones que considero merecen los socios del Club Náutico, los deportistas náuticos y los ciudadanos de Gandia.
1. El Club Náutico no decidió libremente derribar su edificio
En reconocimiento a aquellos socios, en su mayoría vecinos de Gandia, que hace décadas levantaron la sede del Real Club Náutico, debe recordarse que el edificio fue construido y financiado íntegramente con sus aportaciones, sin coste alguno para ninguna Administración pública, incluido el Ayuntamiento de Gandia. También fueron los propios socios quienes, a través del Club, asumieron finalmente el coste de su demolición.
Aprovecho para aclarar otra expresión que usted utiliza con frecuencia al hablar de la nueva concesión: la llegada de “inversión privada”. Quizá sus palabras puedan inducir a pensar que esta constituye una novedad, pero la realidad es que la inversión realizada durante décadas en la dársena deportiva del puerto de Gandia siempre fue privada.
Desde la fundación del Club en 1957, fueron sus socios quienes financiaron las instalaciones, su conservación, las reparaciones y el desarrollo de la actividad náutica y deportiva, además de asumir tasas, suministros, personal, seguros e impuestos, incluido el IBI municipal.
Por tanto, lo novedoso no es que ahora exista inversión privada. Lo que ha cambiado es su naturaleza y su finalidad: antes procedía de una entidad deportiva sin ánimo de lucro y se destinaba a financiar los servicios prestados y fomentar el deporte náutico social; ahora corresponde a una sociedad mercantil orientada legítimamente a obtener rentabilidad económica mediante la explotación comercial del dominio público. Confundir ambas realidades impide explicar con rigor cuál es el verdadero cambio de modelo producido en la dársena.
Aclarado lo anterior, el Club no derribó el edificio porque quisiera. El derribo formaba parte de las obras que la Autoridad Portuaria de Valencia le obligaba a ejecutar.
2. El derribo impuesto por la APV
El Club pidió que se suspendieran los plazos hasta que los tribunales resolvieran el conflicto, pero la APV rechazó esa petición e inició el expediente de caducidad de la concesión e inicio el procedimiento otorgando el plazo de audiencia de diez días.
La alternativa era, por tanto, muy clara: ejecutar el derribo o perder el título de concesión y poner en peligro la supervivencia de una asociación deportiva fundada en 1957. Se trata, si no me equivoco, de la segunda asociación deportiva más longeva de la ciudad, por detrás del C.F. Gandia.
Por tanto, no puedo aceptar del alcalde de la ciudad que atribuya a la asociación que tengo el orgullo de representar “el gran error” de la demolición del edificio como si hubiera sido un acto voluntario, caprichoso o contrario a los intereses de Gandia.
No le pido que acepte mi relato sin comprobarlo. Como miembro del Consejo de Administración de la APV, usted tiene acceso al expediente completo y puede contrastar personalmente la información. Revise la documentación y, si encuentra algún documento que demuestre que el Club decidió libremente derribar el edificio, hágalo público y, también públicamente, me disculparé y rectificaré. Si, después de revisarla, no encuentra ninguna prueba que sostenga sus palabras, sería usted quien debería rectificar y ofrecer una explicación y una disculpa al Real Club Náutico, a sus socios y al conjunto de los ciudadanos de Gandia.
También afirmó que ni su gobierno ni los anteriores tuvieron relación alguna con la demolición. No puedo confirmar ni desmentir esa afirmación porque no dispongo de acceso al expediente. Lo que sí puede afirmarse es que el gobierno local conocía este asunto y que usted era teniente de alcalde en 2019 y 2020.
Si la demolición fue realmente “el gran error” que ahora lamenta, explique qué hicieron los representantes de Gandia para evitarlo: qué propuestas formularon, qué advertencias realizaron, qué documentación solicitaron y cuál fue el sentido de sus intervenciones en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
La cuestión no es si el Ayuntamiento ordenó formalmente el derribo, sino si, conociendo el procedimiento y estando representado en el órgano que lo gestionaba, hizo algo para impedirlo. No basta con declararse ahora ajeno a aquella decisión sin explicar las actuaciones o la ausencia de actuaciones de quienes representaban los intereses de la ciudad.
3. Otorgamiento de la concesión en cumplimiento de sentencia judicial.
Su justificación es recurrente: cada vez que habla de la Marina afirma que fue “adjudicada por sentencia judicial”o que “adjudicamos por sentencia judicial”.
Esta afirmación no se ajusta a la realidad. Eso no es lo que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El fallo de la Sentencia 225/2020 se limitó a reconocer:
“El derecho de Alcara Infraestructuras, S.L. a que su oferta sea seleccionada y prosiga la tramitación”.
Como representante de la ciudad y miembro del Consejo de Administración de la autoridad portuaria se debe suponer que conoce usted el ámbito jurídico que es de aplicación a la concesión, seleccionar una oferta y proseguir un procedimiento no equivale a otorgar una concesión.
Los artículos 83 y 85 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante regulan precisamente momentos distintos: la selección de una solicitud y el posterior otorgamiento de la concesión.
La propia resolución de aclaración de sentencia añadió:
“Se mantiene la presunción de legalidad del acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia de fecha 26 de mayo de 2017”.
Esta declaración tampoco otorgó la concesión ni declaró legal el acuerdo de 2024. Se refería a la presunción de legalidad del acuerdo de selección adoptado en 2017, a partir del cual debía continuarse la tramitación administrativa.
La concesión por 35 años fue otorgada posteriormente por el Consejo de Administración de la APV mediante acuerdo de 23 de abril de 2024, como recoge el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. No la otorgó el TSJCV.
La pregunta es sencilla: ¿puede identificar una sola línea del fallo que ordene conceder a la empresa privada Nueva Marina de Gandía la explotación de la dársena náutico-deportiva del puerto de Gandia durante 35 años?
Si no puede identificar en el fallo una orden expresa de otorgar la concesión a Alcara infraestructuras, ahora Nueva Marina de Gandía, debe dejar de atribuir a la sentencia una decisión que el Tribunal nunca adoptó. Su doble condición de alcalde de Gandia y miembro del Consejo de Administración de la APV le obliga a extremar el rigor cuando informa públicamente sobre un asunto de esta trascendencia.
4. Tribunal Supremo. Dos espacios deportivos en idéntica situación y dos discursos opuestos
En la misma entrevista, al referirse al “trinquet”, usted destaca que el recurso de casación ha sido admitido por el Tribunal Supremo, subraya la dificultad de alcanzar esa instancia y reconoce que, por prudencia, debe esperarse a que el Tribunal dicte sentencia.
Sin embargo, cuando habla de la concesión del espacio náutico de Gandia, cuyo recurso de casación interpuesto por este Club también ha sido admitido por el Tribunal Supremo y se encuentra igualmente pendiente de sentencia, presenta la concesión como una cuestión definitivamente resuelta y amparada por la Justicia.
¿Por qué la admisión de un recurso ante el Tribunal Supremo obliga a ser prudente y esperar cuando se trata del “trinquet”, pero permite proclamar que todo es legal y definitivo cuando se trata de la Marina?
Son dos espacios públicos destinados al deporte, dos recursos de casación admitidos, el mismo Tribunal Supremo y a la espera de sentencia definitiva. Lo único diferente es el discurso que usted aplica a cada uno.
5. Querella, causa penal en fase de instrucción.
Además del procedimiento ante el Tribunal Supremo, existe una causa penal actualmente en fase de instrucción, iniciada mediante una querella presentada por el Real Club Náutico, también a causa de la concesión del espacio náutico.
La querella fue admitida a trámite el 3 de febrero de 2026 contra la presidenta de la APV, la Sra. Mar Chao; la propia Autoridad Portuaria; su anterior director general, el Sr. Enrique Belda, que posteriormente presentó su dimisión y abandonó la entidad; y quien entonces era responsable de Dominio Público, el Sr. Luis Fernando Sánchez Villena, quien también ha dejado la institución recientemente.
Debe evitarse cualquier conclusión anticipada: la admisión de una querella no presupone la culpabilidad de ninguna persona y todos los investigados conservan plenamente su derecho a la presunción de inocencia. Pero su existencia es un hecho objetivo y relevante.
La instructora consideró que los hechos relatados presentaban aparentemente caracteres delictivos. El Club sostiene que podrían concurrir apropiación indebida, coacciones, prevaricación administrativa y tentativa de falsedad documental, calificación que deberá ser examinada y resuelta por el órgano judicial.
No le corresponde declarar culpable a nadie, pero tampoco presentar la concesión como una historia judicialmente cerrada mientras se omite que existe una instrucción penal contra la máxima responsable y otros altos cargos de la entidad que la otorgó.
Usted pertenece al Consejo de Administración de la APV como representante de los intereses públicos vinculados a Gandia. Por ello, solo caben dos posibilidades: o conocía estos procedimientos y decidió no mencionarlos, o los desconocía por algún motivo. Cualquiera de las dos merece una explicación.
6. Solvencia económica. Fondos propios y financiación hipotecaria
En la entrevista también defendió que la empresa concesionaria dispone de capital suficiente porque “toda la documentación figura en el procedimiento administrativo.”
Sin duda, el expediente municipal de rehabilitación de la pista de atletismo, obra inacabada de la que también habló durante la entrevista, contenía documentación sobre la solvencia de la empresa adjudicataria. Sin embargo, la empresa quebró y las obras quedaron paralizadas. Por tanto, afirmar simplemente que “la documentación está en el expediente “no acredita la solvencia real.
¿Qué diferencia existe entre la documentación de ambos expedientes? ¿Qué documentos concretos acreditan los fondos propios de Nueva Marina de Gandía? ¿Qué importe reflejan, quién los verificó y en qué fecha? ¿Puede garantizar que esos recursos continúan disponibles para ejecutar las obras?
Como usted sabe, desde 2016 el Real Club Náutico viene cuestionando no solo la solvencia económica de la concesionaria, sino, principalmente, la suficiencia de la documentación presentada para acreditar que disponía de los recursos necesarios para ejecutar la inversión comprometida.
El Club no ha podido contrastar adecuadamente la documentación económica incorporada al expediente porque la Autoridad Portuaria de Valencia ha limitado o denegado reiteradamente su acceso. Primero sostuvo que el RCNG no tenía la condición de interesado. Posteriormente, pese a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que reconoció el derecho de acceso a determinada información, volvió a denegarlo o restringirlo alegando que el procedimiento continuaba en tramitación.
La negativa a facilitar el expediente impide comprobar la capacidad financiera de la concesionaria y proyecta una duda razonable sobre la suficiencia de las garantías aceptadas por la APV. Si existe documentación suficiente que acredita esa solvencia, no se entiende que se impida reiteradamente su comprobación, con las cautelas necesarias respecto de la información confidencial.
A estas dificultades de acceso se añaden hechos objetivos, reiterados y concordantes que cuestionan seriamente la capacidad financiera, técnica y operativa de la concesionaria para ejecutar la inversión comprometida y obligan a la APV a acreditarla documentalmente:
- Los reiterados anuncios sobre el inicio inminente de las obras y la existencia de dos anuncios oficiales de inicio separados por varios meses.
- Las contradicciones sobre las licencias, permisos, fases y orden de ejecución.
- Los cambios en las explicaciones ofrecidas sobre el material procedente del dragado: primero se anunció su reutilización y posteriormente su retirada.
- La presencia intermitente de medios técnicos y humanos, especialmente después de presentaciones públicas, visitas institucionales o anuncios de reanudación.
- El ritmo real de ejecución y la falta de constancia de que la primera fase haya sido certificada, pese al tiempo transcurrido desde el supuesto inicio de las obras.
- El hundimiento parcial producido durante la ejecución de los trabajos, que plantea dudas adicionales sobre el control técnico de la obra.
- La falta de acceso a la documentación que acredite el encargo o contrato formalizado con la empresa constructora responsable de ejecutar las obras.
7. “Hemos conseguido”: aplazamiento, hipoteca y licencia municipal
En la entrevista publicada por Som Gandia el 3 de junio de 2026, al referirse a la autorización para hipotecar la concesión del espacio náutico-deportivo del puerto de Gandia, usted utiliza una expresión particularmente significativa: “hemos conseguido”. Añade que “eso ya permite disponer de financiación para ejecutar una inversión” y que “al día siguiente el Ayuntamiento concedió la licencia de obras”.
Sus palabras sugieren que usted o el Ayuntamiento participaron en la obtención de la autorización hipotecaria. Por ello, debe aclarar quiénes integran ese “hemos”, qué gestiones realizaron y qué relación existió entre la financiación conseguida y la concesión de la licencia municipal al día siguiente.
La secuencia resulta especialmente grave.
Nueva Marina de Gandía solicitó la licencia municipal de obras en abril de 2025. El plazo concedido por la APV para iniciar el edificio vencía el 10 de junio de ese año. Precisamente ese último día, 10 de junio, la empresa pidió una prórroga “por el tiempo estrictamente indispensable” hasta obtener la licencia.
La APV, 5 meses más tarde, aceptó la falta de esa licencia municipal como justificación del aplazamiento. En su oficio de 4 de noviembre de 2025 afirmó:
“Esta APV entiende que la falta de un documento esencial para el inicio de las obras, el cual consta solicitado por el concesionario en plazo y del que APV no es competente, se trata de una causa objetiva, cierta y debidamente acreditada que justifica la concesión de dicha prórroga”.
Ese “documento esencial “era la licencia que debía conceder el Ayuntamiento de Gandia.
La mera falta de licencia municipal no suspendía automáticamente el plazo establecido para iniciar las obras ni impedía, por sí sola, la incoación del expediente de caducidad. La condición 11.ª del título concesional establecía que, vencido dicho plazo sin que las obras hubieran comenzado, la APV debía incoar la caducidad, salvo que, previa solicitud formulada antes de su vencimiento, apreciara expresamente la existencia de una causa que justificase la concesión de una prórroga.
Además, para el supuesto específico de que el concesionario no pudiera iniciar las obras por la imposibilidad de obtener las licencias necesarias por causas no imputables a él, el título contemplaba la posibilidad de renunciar a la concesión y recuperar las garantías; si no renunciaba, disponía expresamente que «la Autoridad Portuaria incoará el expediente de caducidad de la misma». En el mismo sentido, el artículo 98.1.a) de la Ley de Puertos contempla como causa de caducidad la no iniciación de las obras por causas no justificadas dentro del plazo fijado.
Por tanto, la cuestión que exige una explicación no es únicamente que faltara la licencia, sino por qué la APV consideró justificado mantener vigente la concesión durante casi un año sobre la base de un trámite que dependía del propio Ayuntamiento, con el efecto práctico de evitar la incoación de la caducidad y permitir que la concesionaria ganara tiempo hasta obtener autorización para hipotecar la propia concesión y financiar con ella las obras comprometidas.
Esta cronología obliga a examinar cómo tramitó el Ayuntamiento la licencia municipal y si la demora en detectar y requerir la subsanación de una carencia documental tan elemental contribuyó a mantener vigente la concesión hasta que la APV autorizó su hipoteca.
El compromiso público de revisar y conceder la licencia “en las próximas semanas”
En la presentación pública del proyecto celebrada el 30 de mayo de 2025 en el edificio de Fomento de Gandia, usted asumió expresamente como tarea principal del Ayuntamiento la revisión inmediata del proyecto y la rápida concesión de la licencia. Su intervención, que se transcribe literalmente, fue la siguiente:
“La tarea más importante es la del Ayuntamiento: que, lo más pronto posible, en las próximas semanas, podamos revisar el proyecto, conceder la licencia y, en el plazo de tiempo que nos hemos comprometido, sabiendo que en verano no es una época propicia para las obras en el distrito marítimo, en septiembre podamos arrancar las obras del espacio de una manera, bueno, como decía, de una manera eficaz y pronta”.
Estas manifestaciones acreditan que usted conocía la existencia del expediente, había asumido públicamente un compromiso temporal concreto y anunciaba que el Ayuntamiento revisaría el proyecto y concedería la licencia durante las semanas inmediatamente posteriores. Sin embargo, el Ayuntamiento tardó aproximadamente ocho meses en advertir una carencia documental tan elemental como la falta de visado del proyecto de ejecución y en requerir su subsanación el 23 de diciembre de 2025.
La discrepancia resulta especialmente significativa: si el proyecto debía revisarse “en las próximas semanas” para conceder la licencia y comenzar las obras en septiembre, no se explica que la ausencia del visado no fuera detectada hasta finales de diciembre. Tampoco resulta coherente con el compromiso municipal de actuar de manera “eficaz y pronta” que una comprobación formal básica permaneciera sin realizar durante aproximadamente ocho meses.
Esta circunstancia es todavía más difícil de comprender porque el Sr. Juan Ignacio Giménez-Gasquet, propietario y administrador de Nueva Marina de Gandía, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y redactor del proyecto de ejecución, debía conocer que el visado constituía un requisito necesario. Él mismo había solicitado el visado a su colegio profesional, disponía del proyecto visado y lo había presentado ante la Autoridad Portuaria de Valencia en noviembre de 2024. Por ello, debe aclararse por qué se presentó ante el Ayuntamiento una versión sin visar cuando la promotora ya disponía de la versión visada.
¿Revisó el Ayuntamiento el proyecto durante las semanas inmediatamente posteriores a la presentación pública del 30 de mayo de 2025, tal como usted anunció? ¿Recibió usted información sobre el estado de la revisión del proyecto y de la licencia durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre? ¿Conocía usted antes del 23 de diciembre de 2025 que el proyecto de ejecución presentado por Nueva Marina de Gandía carecía del visado exigido?¿Puede explicar documentalmente por qué el Ayuntamiento necesitó aproximadamente ocho meses para detectar la falta de visado, pese a que usted había anunciado públicamente que el proyecto sería revisado en las semanas siguientes?¿Conocía el Ayuntamiento o usted como miembro del Consejo de la APV que Nueva Marina de Gandía ya disponía de un proyecto visado?
Finalmente, el 20 de mayo de 2026, el Consejo de Administración de la APV autorizó hipotecar la concesión para obtener financiación. Justo al día siguiente, el 21 de mayo, el Ayuntamiento concedió la licencia solicitada en abril del año anterior. La propia comunicación municipal calificó la autorización hipotecaria como “un trámite imprescindible que garantiza la financiación de las obras”.
La sucesión es difícil de explicar como una simple coincidencia: durante más de un año, la falta de la licencia municipal permitió justificar el aplazamiento y evitar la incoación del expediente de caducidad; una vez autorizada la hipoteca que facilitaba la financiación, el Ayuntamiento concedió la licencia al día siguiente. Y usted presenta ambos resultados mediante la expresión “hemos conseguido”.
Por ello, las preguntas deben formularse con absoluta claridad: ¿Ordenó usted, directa o indirectamente, retrasar el requerimiento de subsanación de la falta de visado o paralizar la concesión de la licencia hasta que el Consejo de Administración de la APV autorizara hipotecar la concesión? ¿Contribuyó usted o el Ayuntamiento, mediante el retraso en la tramitación de la licencia, a proporcionar a la concesionaria un argumento para justificar ante la APV la falta de inicio de las obras y evitar la incoación de un procedimiento de caducidad por incumplimiento del plazo concesional?
Debe explicar también por qué una licencia solicitada en abril de 2025 tardó más de un año en concederse; qué intervención tuvo usted durante ese periodo; qué significa exactamente “hemos conseguido”; y por qué una empresa que recibió la concesión en abril de 2024 necesitó, dos años después, hipotecarla para poder financiar la inversión comprometida.
Estas preguntas nacen de las fechas, de las decisiones adoptadas por ambas administraciones y de sus propias declaraciones. El Ayuntamiento controlaba la licencia cuya ausencia sirvió para justificar la prórroga y, según sus palabras, parece haber intervenido también en la solución financiera que precedió inmediatamente a su concesión.
Los vecinos de Gandia tienen derecho a saber si el Ayuntamiento se limitó a ejercer sus competencias o si intervino activamente para mantener vigente una concesión que todavía carecía de licencia y de financiación suficiente. La gravedad de esta posibilidad exige una respuesta documental, precisa y pública.
8. Una inversión que cambia según la fecha
En abril de 2024 usted anunció públicamente una inversión privada de 8,2 millones de euros, posteriormente ha venido anunciando una inversión superior a 10 millones de euros, sin embargo, el cartel que anuncia el proyecto y la referencia de licencia urbanística municipal anuncia una inversión 7,1 millones.
La diferencia alrededor de 3 millones de euros: la inversión difundida públicamente es, al menos, un 40 % superior a la que aparece expuesta en la propia obra y que referencia al expediente municipal: EXP. LICENCIA: O-089/2026
Usted tiene acceso al expediente de la APV y al expediente de Urbanismo en el Ayuntamiento relativo a la licencia de obra. ¿Cómo explica la diferencia de 3 millones de euros? ¿Cuál es la inversión comprometida verdaderamente? Si son 10 millones ¿por qué el expediente municipal contiene un presupuesto de 7.1 millones? Este es un asunto que debería explicar debidamente.
9. La recuperación del espacio y la recuperación del deporte náutico en Gandia.
Con frecuencia utiliza usted el término “recuperación”, referido tanto al espacio portuario como al deporte náutico. Sin embargo, recuperar significa restituir algo que se había perdido. Por ello, antes de anunciar esa recuperación resulta imprescindible aclarar qué se había perdido, cuál fue la causa de su desaparición y en qué momento se produjo.
Respecto del espacio, entendemos que se refiere a la supuesta falta de libertad de acceso a las instalaciones del Real Club Náutico. Reconozco que es reproche recurrente, solo comparable derribo del edificio, y que suele repetirse por personas que afirman conocerlo por referencias sucesivas de terceros que no conocen.
Le hago la misma pregunta, ¿Conoce personalmente a alguien a quien se le prohibiera el acceso? ¿Puede identificar a alguna persona a la que el Club impidiera practicar deporte ? ¿Conoce algún caso concreto en el que se negara un servicio? ¿Conoce la existencia de alguna denuncia, reclamación o resolución que acredite esas afirmaciones?
Por el contrario, usted debería conocer que el Consejo de Administración ha aprobado un nuevo reglamento a Nueva Marina de Gandía sustancialmente distinto al presentado en 2016.
Este reglamento ha pasado de 53 a 107 artículos, precisamente gran parte de nuevo texto está relacionado con el acceso a las instalaciones, han otorgado ustedes libertad de facultades para restringir el acceso y los servicios, por ejemplo, el control e identificación en la entrada, derecho de admisión, suspensión de servicios durante el plazo que la concesionaria estime oportuno y prohibición temporal o definitiva de acceso en determinados supuestos.
Otra facultad significativa del nuevo reglamento es la facultad de rescindir unilateralmente cualquier contrato de amarre suscrito y obligar al armador a retirar su embarcación, además estos contratos tienen carácter de provisional y quedan extinguidos al finalizar la obra.
Otro dato que debería saber, los armadores que han firmado los contratos de amarre no disponen de una copia. La concesionaria únicamente les permite leer el documento en sus instalaciones y firmarlo, pero prohíbe retirarlo, fotografiarlo o conservar una reproducción. El único ejemplar queda en poder de Nueva Marina de Gandía.
¿Considera admisible que una sociedad que explota dominio público conserve en exclusiva los contratos firmados por los usuarios? Si esos contratos son correctos y han sido aprobados por ustedes en el Consejo, ¿Qué razón puede existir para prohibir una copia?
La “recuperación“ del deporte náutico
De la “recuperación del deporte náutico” ha hecho usted su eslogan. Lo repite en entrevistas, presentaciones y actos institucionales, pero nunca concreta qué actividad se va a recuperar, cuándo desapareció, por qué desapareció ni quién fue responsable de su desaparición.
Durante décadas, el Real Club Náutico de Gandia organizó escuelas de vela y remo, cursos de formación, entrenamientos, regatas, competiciones y actividades destinadas a distintas edades. Lo hizo como entidad deportiva sin ánimo de lucro, con personal, embarcaciones, instalaciones y recursos financiados fundamentalmente por sus socios.
El deporte náutico no desapareció con el derribo del edificio. El Club continuó practicándolo mientras se ocupó el espacio.
Por tanto, en el caso de que exista oferta en deportes náuticos en el futuro, no se estará recuperando la una oferta deportiva que ha venido prestándose ininterrumpidamente desde hace 70 años, el mensaje correcto sería anunciar la restitución de la oferta Nautica desaparecida el 28 de mayo de 2024.
El Real Club Náutico ha ofrecido formación, deporte de iniciación, de base, competición y actividades recreativas con finalidad social. Lo ha hecho como entidad sin ánimo de lucro y sin cargar ese esfuerzo sobre las administraciones públicas: fueron sus socios quienes financiaron las instalaciones, las embarcaciones, el personal y las actividades mediante sus cuotas y los ingresos generados por servicios, principalmente el amarre.
Durante todo ese tiempo, el Club ha construido un historial deportivo, formativo y social intachable. Generaciones de vecinos, visitantes y turistas aprendieron allí a navegar, a pescar o simplemente se acercaron al mar. Esa trayectoria forma parte de la historia deportiva de Gandia y merece, como mínimo, respeto institucional.
Resulta especialmente injusto que ahora se presente al Club Náutico, a sus socios, como el obstáculo del que debe “recuperarse” el espacio o el deporte náutico. No se puede borrar una trayectoria de casi setenta años para construir un relato políticamente conveniente.
Permítame la opinión, cuál considero yo “el gran error”: desacreditar públicamente a la institución que creó, sostuvo y financió la actividad Náutico-deportiva de carácter social en la ciudad de la que usted es alcalde, 70 años antes de que su “recuperación” se convirtiera en eslogan.
Señor Prieto, debe usted una disculpa a esta institución y tiene mucho que explicar a este Club Náutico y a los vecinos de Gandia.
Puede discrepar de nuestras actuaciones, de nuestra posición ante la concesión o de las acciones judiciales emprendidas en legítimo derecho. Pero ninguna discrepancia justifica ignorar la historia del Club ni menospreciar el valor social que ha desempeñado.
El Real Club Náutico no solicita privilegios ni reconocimientos retóricos. Exige respeto a la verdad, a su trayectoria y a las personas que lo integramos.
No pongo en duda su convicción sobre la futura oferta de deportes náuticos, pero sí cuestiono seriamente la información y la documentación en la que basa esa conclusión.
En título concesional de Nueva Marina únicamente contiene referencias genéricas a actividades culturales, deportivas y formativas. No establece un número mínimo de escuelas, alumnos, deportistas, entrenadores, regatas o competiciones. Tampoco fija un presupuesto deportivo anual, no establece tarifa de precios accesibles o máximos, becas, plazas reservadas para menores ni mecanismos para garantizar la continuidad de las actividades de carácter social y sin ánimo de lucro, a pesar de ser el objeto de la concesión.
Efectivamente, el procedimiento de competencia de proyectos es una excepción al concurso público obligatorio para las concesiones portuarias cuando el objeto es “Club Náutico”.
50 empleos directos y 200 indirectos
Empleo anunciado y empleo acreditado
Sería una estupenda noticia para Gandia la creación de los 250 puestos de trabajo que usted ha anunciado: 50 empleos directos y 200 indirectos. Deseamos sinceramente que esa previsión llegue a cumplirse. Sin embargo, los hechos conocidos hasta ahora apuntan precisamente en la dirección contraria. Nuestras estimaciones también eran muy inferiores, pese a referirse sustancialmente al mismo espacio y al mismo número de amarres.
Cuando Nueva Marina asumió la explotación tuvo que incorporar a los 21 trabajadores que hasta entonces prestaban sus servicios en el Real Club Náutico. Desde ese momento, 9 de ellos han sido despedidos, lo que representa una reducción del 42,86 % de la plantilla.
Nuestros cálculos no responden a una valoración interesada. Se apoyan en estudios elaborados por universidades y en otras fuentes reconocidas que analizan el impacto económico y laboral de los clubes náuticos y de las marinas.
El estudio El impacto económico de los clubes náuticos de la Comunidad Valenciana, elaborado por investigadores de la Universidad de Alicante, compara expresamente ambos modelos de gestión y concluye:
“Los clubes náuticos generan más empleo que las marinas”.
El propio estudio explica la diferencia esencial:
“Las marinas son dirigidas por empresas privadas cuya finalidad es la obtención de beneficio”.
Según sus resultados, por cada 100 amarres, los clubes náuticos generan una media de 4,5 empleos directos y 40 indirectos, mientras que las marinas generan 2 empleos directos y 18 indirectos.
Aplicando como mera referencia esa proporción a los 265 amarres con los que el estudio identificaba concretamente al Real Club Náutico de Gandia, una marina generaría aproximadamente 5 empleos directos y 48 indirectos. Frente a ello, usted anuncia 50 empleos directos y 200 indirectos: casi diez veces más empleo directo y más de cuatro veces más empleo indirecto que la referencia académica correspondiente a una marina de ese tamaño.
El mismo estudio atribuía al Real Club Náutico de Gandia 265 amarres, 100 plazas de marina seca, 125 alumnos y una inversión anual de 280.000 euros en deporte. Era actividad existente, cuantificada y comprobable.
¿Qué metodología o qué fuente se ha utilizado para obtener la cifra de 50 empleos directos y 200 indirectos? ¿Es público el estudio? ¿Dónde se puede consultar la información sobre el impacto laboral que anuncia?
Señor alcalde, esta carta no pretende alimentar una confrontación personal ni política. Su finalidad es defender la verdad de los hechos, la trayectoria del Real Club Náutico de Gandia y la dignidad de quienes, durante casi setenta años, sostuvieron con su esfuerzo y sus recursos la actividad náutica y deportiva de la ciudad.
Usted ha manifestado que agradece que se le trasladen las críticas porque le ayudan a hacer las cosas mejor. En coherencia con esas palabras, le invitamos a revisar la documentación, responder públicamente a las preguntas planteadas y aclarar las contradicciones expuestas.
Si dispone de documentos que desmientan cualquiera de nuestras afirmaciones, le rogamos que los haga públicos. Los examinaremos y, si hemos cometido algún error, rectificaremos. Pero si la documentación confirma lo aquí expuesto, le corresponde corregir sus declaraciones, ofrecer las explicaciones solicitadas y disculparse públicamente con el Real Club Náutico de Gandia, sus socios y todas las personas cuya aportación ha sido injustamente cuestionada.
El Club continuará defendiendo, con respeto institucional pero también con firmeza, su historia, los derechos de sus socios y el futuro del deporte náutico en Gandia.
Atentamente,
Francisco David González Levallois
Presidente del Real Club Náutico de Gandia
